La normativa europea sobre inteligencia artificial obliga a los despachos a revisar sus procedimientos de diligencia cuando utilizan herramientas generativas. Deberán documentar los riesgos asociados, informar a sus clientes sobre ese uso y revisar los contratos que mantienen con proveedores tecnológicos. El cambio importa porque traslada al despacho la responsabilidad de controlar y justificar cómo emplea estas herramientas en su actividad profesional.
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7 nov 2026
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Resumen de la mesa
El reglamento europeo de IA obliga a los despachos a revisar su diligencia.
El TSJM avala el despido de una trabajadora de videojuegos tras la llegada de la IA.
La Audiencia de A Coruña recuerda que el orden público no basta para cerrar una adopción en gestación subrogada.
Un ayuntamiento recupera más de 4,6 millones por un swap bancario tras una sentencia.
Una docente obtiene una indemnización de 33 días por año por abuso de temporalidad.
El Tribunal Supremo ha archivado la causa penal contra Luis «Alvise» Pérez, eurodiputado y líder de SALF, por difundir en X una falsa prueba de coronavirus atribuida a Salvador Illa. La decisión descarta perseguir penalmente ese episodio concreto, pero mantiene cinco causas abiertas contra el político. El caso importa porque separa el archivo de un frente judicial específico del resto de su situación legal y delimita el alcance de la respuesta penal ante la difusión de bulos.
Perelló advirtió que la inteligencia artificial, capaz de fabricar imágenes, vídeos y audios falsos cada vez más difíciles de distinguir de los auténticos, puede amenazar derechos fundamentales y debilitar la confianza de la ciudadanía. Por ello apostó por articular nuevas respuestas jurídicas. El aviso importa porque sitúa el debate más allá de la desinformación y apunta a la necesidad de adaptar el marco legal a los riesgos que plantea esta tecnología.
Susana Ferrer Delgadillo, exvicedecana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, asume la presidencia del Tribunal Arbitral de Barcelona y se convierte en la primera mujer en dirigir esta institución. Su mandato llega con el propósito declarado de acercar el arbitraje a nuevos sectores, ampliando el ámbito de actuación de esta vía de resolución de conflictos. El nombramiento tiene relevancia tanto por su carácter pionero en la entidad como por la orientación estratégica que imprime a su presidencia.
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por la Asociación Española de Asesores Fiscales contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló la ordenanza municipal de residuos, aunque acotó el alcance de esa nulidad. El debate se centra ahora en si los contribuyentes que abonaron la tasa de basuras sin impugnarla en su momento pueden reclamar la devolución del importe. La decisión afecta a la seguridad jurídica de los pagos ya realizados y al margen de recuperación de ingresos municipales, por lo que interesa tanto a asesores fiscales como a los ayuntamientos y a los contribuyentes afectados.
El Tribunal Supremo ha aplicado la Ley de Amnistía a Clara Ponsatí, exconsejera catalana procesada por desobediencia en la causa del procés, y ha declarado extinguida su responsabilidad penal. La decisión conlleva el archivo definitivo del procedimiento contra ella. El paso es relevante porque sitúa al propio Supremo, tribunal que instruyó la causa, aplicando la norma de amnistía a una figura del proceso independentista.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado el despido de dos trabajadoras de una empresa de videojuegos que incorporó inteligencia artificial a sus procesos de producción. La sentencia destaca la procedencia del despido de una animadora 3D en un caso vinculado a esa adopción tecnológica. Su relevancia profesional radica en que supone un aval judicial a despidos en contextos de automatización, lo que puede influir en decisiones empresariales y laborales sobre reestructuraciones tecnológicas.
Los asesores fiscales del REAF han advertido de que el nuevo sistema de reducciones fiscales aplicable al alquiler complica el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Según el colectivo, esa mayor complejidad eleva la probabilidad de que los contribuyentes cometan errores y, con ello, el riesgo de recibir sanciones. Además, reclaman una actualización de determinadas cuantías fiscales. El aviso importa a los profesionales porque anticipa más carga de revisión en la gestión del alquiler y un escenario donde el fallo formal puede traducirse en coste sancionador.
Fieldfisher desplegará la plataforma de inteligencia artificial jurídica Legora entre cerca de 1.400 abogados y profesionales de servicios corporativos de sus oficinas internacionales, tras concluir un proyecto piloto previo. La firma amplía así el uso de herramientas de IA generativa desde pruebas limitadas a la operativa diaria de toda su red. El movimiento refleja cómo los grandes despachos están integrando esta tecnología a escala para ganar eficiencia, y sitúa la adopción real —no solo experimental— como el nuevo terreno de competencia entre firmas internacionales.
José Luis Ábalos ha llevado al Tribunal Constitucional su condena a 24 años y tres meses de prisión por el denominado «caso mascarillas». El exministro de Transportes sostiene que el Tribunal Supremo vulneró sus derechos fundamentales durante el procedimiento y reclama la anulaci
El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha vuelto a advertir de que la justicia de familia funciona a dos velocidades y reclama suprimir las trabas que, a su juicio, introducen los medios alternativos de solución de controversias. La denuncia se enmarca en conflictos habituales de esta jurisdicción, como las disputas por el uso de la vivienda familiar tras una separación o los litigios hereditarios que enfrentan durante años a padres, hijos y hermanos. El asunto importa a los profesionales del sector porque afecta al acceso efectivo a la tutela judicial y a la forma de plantear y resolver este tipo de pleitos.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha revocado el rechazo de entrada que un juzgado aplicó a la solicitud de adopción presentada por la esposa del padre biológico de una niña nacida por gestación subrogada, sin llegar a examinar el fondo del asunto. El tribunal recuerda que el orden público no basta por sí solo para cerrar la puerta a esa adopción. La resolución importa porque obliga a analizar el caso concreto en lugar de descartarlo de plano y marca pauta sobre cómo los tribunales abordan filiaciones derivadas de gestación subrogada.
Un juzgado de primera instancia de Madrid ha anulado un swap contratado por un ayuntamiento, que recuperará más de 4,6 millones de euros. La sentencia subraya que el banco estaba obligado a explicar los riesgos del producto, un deber de información que resulta clave para clientes sin conocimientos especializados en derivados. Ese criterio de protección puede extenderse también a empresas y administraciones, por lo que el fallo sirve de referencia para revisar contratos similares.
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