El Tribunal Supremo ha inadmitido la denuncia que la asociación Hazte Oír dirigió contra los siete magistrados del Tribunal Constitucional, incluido su presidente, que respaldaron aplicar la ley de amnistía al delito de malversación en el caso de la exconsejera catalana Dolors Bassa. La decisión deja sin recorrido la ofensiva contra los magistrados por su criterio en un asunto de especial sensibilidad política. El episodio subraya la protección de la independencia judicial frente a intentos de cuestionar a los órganos que resuelven sobre la amnistía.
El Tribunal Supremo ha archivado la causa penal contra Luis «Alvise» Pérez, eurodiputado y líder de SALF, por difundir en X una falsa prueba de coronavirus atribuida a Salvador Illa. La decisión descarta perseguir penalmente ese episodio concreto, pero mantiene cinco causas abiertas contra el político. El caso importa porque separa el archivo de un frente judicial específico del resto de su situación legal y delimita el alcance de la respuesta penal ante la difusión de bulos.
El Tribunal Supremo ha aplicado la Ley de Amnistía a Clara Ponsatí, exconsejera catalana procesada por desobediencia en la causa del procés, y ha declarado extinguida su responsabilidad penal. La decisión conlleva el archivo definitivo del procedimiento contra ella. El paso es relevante porque sitúa al propio Supremo, tribunal que instruyó la causa, aplicando la norma de amnistía a una figura del proceso independentista.
José Luis Ábalos ha llevado al Tribunal Constitucional su condena a 24 años y tres meses de prisión por el denominado «caso mascarillas». El exministro de Transportes sostiene que el Tribunal Supremo vulneró sus derechos fundamentales durante el procedimiento y reclama la anulaci
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado el despido de dos trabajadoras de una empresa de videojuegos que incorporó inteligencia artificial a sus procesos de producción. La sentencia destaca la procedencia del despido de una animadora 3D en un caso vinculado a esa adopción tecnológica. Su relevancia profesional radica en que supone un aval judicial a despidos en contextos de automatización, lo que puede influir en decisiones empresariales y laborales sobre reestructuraciones tecnológicas.
Susana Ferrer Delgadillo, exvicedecana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, asume la presidencia del Tribunal Arbitral de Barcelona y se convierte en la primera mujer en dirigir esta institución. Su mandato llega con el propósito declarado de acercar el arbitraje a nuevos sectores, ampliando el ámbito de actuación de esta vía de resolución de conflictos. El nombramiento tiene relevancia tanto por su carácter pionero en la entidad como por la orientación estratégica que imprime a su presidencia.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha revocado el rechazo de entrada que un juzgado aplicó a la solicitud de adopción presentada por la esposa del padre biológico de una niña nacida por gestación subrogada, sin llegar a examinar el fondo del asunto. El tribunal recuerda que el orden público no basta por sí solo para cerrar la puerta a esa adopción. La resolución importa porque obliga a analizar el caso concreto en lugar de descartarlo de plano y marca pauta sobre cómo los tribunales abordan filiaciones derivadas de gestación subrogada.
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por la Asociación Española de Asesores Fiscales contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló la ordenanza municipal de residuos, aunque acotó el alcance de esa nulidad. El debate se centra ahora en si los contribuyentes que abonaron la tasa de basuras sin impugnarla en su momento pueden reclamar la devolución del importe. La decisión afecta a la seguridad jurídica de los pagos ya realizados y al margen de recuperación de ingresos municipales, por lo que interesa tanto a asesores fiscales como a los ayuntamientos y a los contribuyentes afectados.
Un juzgado de primera instancia de Madrid ha anulado un swap contratado por un ayuntamiento, que recuperará más de 4,6 millones de euros. La sentencia subraya que el banco estaba obligado a explicar los riesgos del producto, un deber de información que resulta clave para clientes sin conocimientos especializados en derivados. Ese criterio de protección puede extenderse también a empresas y administraciones, por lo que el fallo sirve de referencia para revisar contratos similares.
Isabel Winkels, vicedecana del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), calificó los medios alternativos de solución de conflictos en el ámbito familiar como un «fiasco» que, a su juicio, solo provoca dilaciones en lugar de agilizar la resolución de disputas. Su diagnóstico sobre la justicia de familia en España señala que la legislación no ha avanzado al mismo ritmo que la sociedad ni que la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El planteamiento resulta relevante para los profesionales del sector porque cuestiona la utilidad práctica de las vías alternativas tal como están diseñadas y reclama una actualización normativa acorde con la realidad social y los criterios jurisprudenciales.
Un tribunal de Barcelona ha reconocido a una docente el derecho a una indemnización calculada a razón de 33 días por año de servicio por abuso de temporalidad, en una reclamación que ascendía a 26.853,68 euros. La Sección de lo Contencioso-Administrativo estimó la pretensión pese a que la trabajadora había obtenido después la condición de funcionaria de carrera, lo que refuerza la protección frente a la encadenación irregular de contratos temporales en el sector público.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció como criterio obligatorio que el trabajo en el hogar se valore económicamente en los juicios de divorcio. En matrimonios bajo régimen de separación de bienes, la compensación deberá incluir la parte de los bienes pagada durante el matrimonio. El criterio importa porque da certeza jurídica a quienes se dedicaron a las tareas domésticas y carecían de patrimonio propio, y obliga a jueces a cuantificar ese aporte al resolver.